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La ejecución Física y Financiera de las entidades públicas deberá llevarse a cabo de acuerdo al producto y subproducto definido en su planificación estratégica y operativa, con el objetivo de que la provisión de los bienes y servicios respondan a las prioridades establecidas en la política general de gobierno.

En ningún caso se podrán ejecutar insumos que no correspondan a la naturaleza de la intervención definida en los subproductos y productos a cuya realización contribuyen.

Las instituciones públicas propiciarán la eficiencia en la ejecución física y financiera de sus respectivos presupuestos y deberán implementar las medidas necesarias para eficientar y tecnificar los modelos de servicios de sus intervenciones, de manera que se garantice la provisión de los bienes y servicios a la población. De esa cuenta, quedan obligados a llevar registro de la población adulta atendida de manera directa en sus establecimientos, oficinas o sedes, con base al Código Único de Identificación (CUI) detallando como mínimo: edad, grupo étnico, seo, departamento y municipio del lugar o puesto de atención, bien y/o servicio provisto. En la medida de lo posible, estos registros deberán ser realizados por medio de sistemas informáticos y serán parte de los informes de ejecución física y financiera.

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